La presencia de poblaciones musulmanas en territorios cristianos peninsulares no fue un accidente menor, sino un pilar estructural de la economía, la arquitectura y las relaciones de dominación durante la Edad Media. Este análisis crítico revisa la evolución desde los primeros prisioneros de guerra (siglo VIII) hasta la expulsión masiva de los moriscos en el siglo XVII, cuestionando tanto las narrativas románticas de “convivencia” como las justificaciones oficiales del extrañamiento.
En la fase inicial de la Reconquista, los reinos cristianos del norte no contemplaban la integración de musulmanes. Bajo Alfonso I (739-757), los prisioneros eran ejecutados o esclavizados. Sin embargo, la necesidad de mano de obra para repoblar territorios desolados impulsó un cambio: durante el siglo X, reyes y nobles prefirieron explotar a los moros como siervos o venderlos como esclavos, antes que eliminarlos. Esta transición no fue humanitaria sino utilitaria: “Quien tiene moro, tiene oro”, rezaba el refrán castellano.
Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, instauró en Valencia un gobierno mixto: mantuvo al visir y cadí musulmanes, pero recaudaba impuestos y ejercía justicia a través de nobles cristianos. La población mora conservó sus mezquitas y leyes personales, a cambio de lealtad política. Cuando los almorávides asediaron la ciudad, los musulmanes valencianos se sublevaron contra el Cid, mostrando que la “tolerancia” no borraba las lealtades comunitarias. Tras la reconquista de Valencia en 1094, el Cid impuso condiciones liberales (solo el diezmo islámico), pero la resistencia mudéjar era una constante.
La dureza del sitio —diecinueve meses— demostró la ferocidad con que los musulmanes trataban de sacudirse la tutela cristiana, a pesar de las concesiones iniciales.
Las capitulaciones de Tudela (1115), Zaragoza (1118) y Tortosa (1148) siguieron el modelo de Toledo: los musulmanes que se rendían podían conservar sus propiedades, religión y autoridades locales, convirtiéndose en vasallos tributarios (mudéjares). Esta política favorecía la rápida integración económica sin costosas guerras de repoblación. No obstante, con la llegada de los almohades, la desconfianza creció, aunque los reyes cristianos mantuvieron a los mudéjares por su utilidad agrícola y artesanal.
A diferencia del antisemitismo clerical, los mudéjares no generaron una cruzada popular. Según Menéndez Pelayo, eran “gente buena y pacífica, dada a la agricultura, oficios mecánicos y el arte de alarifes”. La Iglesia temía más la influencia judía en la administración que la presencia mudéjar, por su carácter rural y no proselitista. Sin embargo, concilios locales (como el de Zamora) prohibieron el contacto íntimo y las nodrizas musulmanas, aunque con escaso cumplimiento.
Jaime I de Aragón, al tomar Valencia en 1238, permitió la salida de 50.000 musulmanes con sus bienes, pero repartió sus tierras entre nobles y soldados cristianos. Las mezquitas se convirtieron en iglesias. En 1247 estalló una sublevación general, que el rey aprovechó para decretar la expulsión de todos los moros del reino en un mes. Episodios similares ocurrieron en 1252 y 1268, sentando un precedente violento que contrastaba con la política de Alfonso VI. Castilla también practicó desplazamientos masivos, aunque mantuvo comunidades enteras de siervos mudéjares.
En Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, los moros rurales eran mayoritariamente siervos o esclavos en latifundios nobiliarios. En el reino de Valencia, los mudéjares constituían la base agraria bajo jurisdicción señorial, mientras que en Aragón eran la mayoría de la población campesina. No obstante, en las ciudades surgió una clase media dedicada al comercio textil, la albañilería y la medicina. A pesar de las restricciones legales (prohibición de comprar tierras a cristianos desde 1295), algunos moros acumularon fortunas. Esta minoría rica fue víctima de la envidia gremial y las Cortes impulsaron leyes suntuarias contra ellos.
Reyes y nobles impidieron la emigración de los mudéjares para retener mano de obra barata. Alfonso XI redujo impuestos para evitar su fuga, y Enrique II restableció la compra de bienes por parte de moros. El reinado de Enrique IV (1454-1474) supuso un paréntesis de favoritismo: el monarca vistió ropas moras y nombró funcionarios mudéjares, provocando la ira de las Cortes. Sin embargo, tras su muerte, la reacción anti-mudéjar se intensificó, preparando el camino para las políticas uniformadoras de los Reyes Católicos.
La rendición del reino nazarí prometía respeto a la religión, leyes y costumbres musulmanas. Pero el cardenal Cisneros, a partir de 1499, forzó conversiones masivas: quemó libros árabes, secuestró niños para escuelas cristianas y bautizó por aspersión. La rebelión del Albaicín fue sofocada y se impuso la conversión general o el exilio (edicto de 1502 en Castilla). Los moriscos granadinos se convirtieron nominalmente al cristianismo, pero mantuvieron su lengua, vestimenta y prácticas, siendo vigilados por la Inquisición.
Felipe II intentó aplicar las ordenanzas de 1567 (prohibición del árabe, baños públicos, vestimenta morisca). En las Alpujarras estalló una guerra cruel, con atrocidades en ambos bandos. Tras la derrota morisca, unos 80.000 granadinos fueron deportados a Castilla, dispersados para evitar su cohesión. La rebelión endureció la posición realista: se generalizó la idea de que los moriscos eran una “quinta columna” pro-otomana. La germanía valenciana (1521-1522) ya había anticipado la violencia popular anti-morisca, con matanzas y bautismos forzados.
La guerra de las Alpujarras selló el destino de los moriscos: se convirtieron en un problema de seguridad de Estado.
En el Quijote, Ricote es un morisco manchego, tendero y amigo de Sancho, que regresa a España disfrazado tras la expulsión. Cervantes retrata su nostalgia y la aceptación estoica del destierro. Sancho no cuestiona la orden real; la expulsión es asumida como fatalidad. Esta ambigüedad refleja la opinión dividida: mientras la élite intelectual lamentaba la pérdida económica (especialmente en Valencia), el pueblo llano interiorizaba la idea del enemigo interno. Cervantes, sin condenar explícitamente la expulsión, muestra su inhumanidad a través de la ternura del personaje.
El Consejo de Estado, bajo el duque de Lerma, decretó el extrañamiento el 4 de abril de 1609. Las causas oficiales: temor a una alianza con berberiscos y herejía persistente. Pero la razón real era demográfica: los moriscos tenían tasas de natalidad más altas que los cristianos viejos, especialmente en Valencia (más del 30% de la población). Entre 1609 y 1611 fueron expulsados cerca de 300.000 moriscos (según Henri Lapeyre) o hasta 500.000 según fuentes coetáneas. Las cifras: Valencia 150.000, Aragón 64.000, Cataluña 50.000, Castilla y Extremadura 64.000, Murcia 15.000, Andalucía 80.000. Muchos murieron en el camino o fueron asesinados. La pérdida demográfica se estima en un millón de habitantes para la España del siglo XVII, agravando la crisis económica y la despoblación rural.
La contribución mudéjar y morisca a la cultura española es incuestionable: sistemas de acequias y norias, el ladrillo decorativo, la cerámica de reflejo metálico, la azulejería, el léxico agrícola (acequia, aljibe, alfalfa, naranja) y científico. Sin embargo, la historiografía nacionalcatólica minimizó durante siglos esta herencia, mientras que la historia crítica actual reivindica la complejidad de una convivencia truncada por el racismo de Estado y la obsesión por la pureza de sangre. El recuerdo de los moriscos pervive en el folclore, los apellidos y las resistencias campesinas. Comprender su expulsión es comprender la génesis de la España moderna: un imperio que prefirió la homogeneidad religiosa a la prosperidad económica y la pluralidad cultural.