Desde la invasión napoleónica hasta la Segunda República, la Iglesia católica fue el actor más poderoso y a la vez el más contestado de la historia española. Su alianza con el absolutismo, su inmensa riqueza territorial, su invención del carlismo, la desamortización, el anticlericalismo militante y la descristianización de masas conforman un relato de violencia, poder y fracaso que desembocó en la tragedia de 1936.
Cuando la invasión napoleónica desquició la monarquía española, la Iglesia vio una oportunidad única. No se limitó a defenderse de los liberales, sino que aspiró a gobernar, para instaurar una teocracia sobre los restos del Estado. Las Juntas locales y provinciales quedaron nutridamente representadas por el clero; hubo obispos que se autoproclamaron regentes soberanos, como el de Santander, que exigió tratamiento de Alteza.
La institución eclesiástica dictaba decretos, capitaneaba guerrillas y daba el tono ideológico contra los franceses. Mientras liberales y ultramontanos luchaban por el poder, ambos coincidían en coartar la soberanía real: unos en nombre del pueblo, los otros fundando su derecho en el señorío social de la Iglesia. Así nació la colisión entre el poder espiritual y la corona, y también el conflicto entre constitucionalistas y absolutistas.
En 1808 España contaba con 3.100 conventos, 57.000 religiosos varones, 24.000 religiosas y 75.000 clérigos seculares: aproximadamente 156.000 personas consagradas a la religión. Por cada 70 habitantes había un eclesiástico (frente a 1 cada 280 en Francia).
La propiedad territorial de la Iglesia superaba 1.300.000 hectáreas, con rentas anuales de 600 millones de reales por propiedades urbanas y rústicas, más 324 millones por diezmos y primicias, y 118 millones por conceptos parroquiales. El poderío económico duplicaba al de la propia corona. Esta formidable base material, unida a la jurisdicción eclesiástica que invadía asuntos civiles, convertía a la Iglesia en el actor social más poderoso.
"La potencia económica de la institución espiritual era doble que la de la corona; y su fuerza jurídica tal, que no había jurisdicción que no se viera invadida por los clérigos."
Fernando VII necesitaba a la Iglesia para sostener su absolutismo. Nombró a su confesor, el padre Víctor Sáez, ministro universal, y los jesuitas regresaron del exilio. Sin embargo, la Iglesia no se conformó con ser aliada: quería gobernar. Fernando era un soberano imperativo, no un rey dócil como Carlos II.
Reprimió con saña a los liberales —ciento veinte ejecutados en dieciocho días tras la restauración de 1823— pero eso no bastaba a las jerarquías eclesiásticas. La Iglesia ansiaba todo el poder para sí, y como Fernando no se lo entregaba, fraguó una alternativa dinástica: el carlismo. La causa de don Carlos María Isidro fue la bandera teocrática que permitiría a la Iglesia suplantar a la corona.
Para la Iglesia, Fernando VII era un obstáculo. Su carácter personalista y su deseo de concentrar el poder impedían la anhelada teocracia. Así, el clero impulsó la causa del infante don Carlos, que prometía restaurar el trono bajo tutela eclesiástica. Nació el carlismo como movimiento político-religioso que defendería el altar, el trono y los fueros.
"La Iglesia inventó el carlismo" cuando comprendió que Fernando no se plegaba a ser cabeza sumisa de un gobierno clerical. De ahí las guerras civiles que asolarían España durante el siglo XIX, enfrentando a liberales isabelinos y carlistas tradicionalistas.
El clero se implicó directamente en la represión policial y militar contra los liberales. Pronto, el pueblo comenzó a retirar su adhesión a una institución que predicaba violencia política. En 1834 se produjo en Madrid la primera matanza de frailes; al año siguiente, Barcelona, Zaragoza, Reus y Murcia vieron arder sus conventos.
Las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) despojaron a la Iglesia de gran parte de sus bienes, transformando la propiedad de la tierra y debilitando su poder económico, pero sin resolver el problema de fondo.
"Al capitanear la represión policíaca contra un movimiento tan inofensivo desde el ángulo de vista católico como era el liberalismo español al nacer, los religiosos sembraron los vientos que habrían de traer las tempestades de mañana."
A partir de 1900, la lucha contra la Iglesia se agudizó. Las órdenes monásticas y los jesuitas eran más numerosos y disciplinados que nunca. El primer choque se produjo en enero de 1901 con la representación de "Electra" de Galdós. El Padre Montaña, ayo y confesor del rey niño, había publicado un artículo afirmando que el liberalismo era pecado. La obra polarizó la opinión pública.
Los liberales apenas pudieron mantener lo ya conseguido. Entre 1910 y 1912 fracasaron los intentos de obligar a las órdenes a someterse al concordato de 1851.
"Los anarquistas han destruido muchas iglesias, pero el clero había destruido antes la Iglesia" — José Castillejo.
Los jesuitas dirigían el movimiento clerical. En 1912, según Joaquín Aguilera, los jesuitas controlaban sin exageración un tercio de la riqueza capitalizada de España: poseían ferrocarriles, minas, fábricas, bancos, compañías navieras y plantaciones de naranjos. Su capital operativo se calculaba en 60 millones de libras esterlinas.
A cambio de los legados y limosnas, la Iglesia debía defender los intereses de los ricos contra los pobres. El refrán español "el dinero es muy católico" ocultaba una relación indecente entre ciertas órdenes y las clases adineradas.
Hasta 1836 la enseñanza había estado casi enteramente en manos del alto clero. Tras la revolución liberal, las órdenes religiosas dirigieron su atención a los colegios de segunda enseñanza. Los colegios de jesuitas llegaron a ser lo que las public schools inglesas, aunque muchos recordaban con amargura los castigos corporales, el espionaje y la domesticación.
Hasta 1910, los maestros eran católicos sinceros, pero los frailes enseñaban en sus escuelas que el liberalismo era pecado gravísimo contra la fe. Un catecismo de 1927 declaraba herético creer en la libertad de conciencia, educación o reunión. La Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876) representó la excepción culta frente a este oscurantismo.
Hacia 1931, el proceso de descatolización alcanzaba proporciones extraordinarias. Según el padre Francisco Peiró, solo el 5% de los campesinos de Castilla la Nueva iba a misa; en Andalucía, la asistencia masculina era del 1%. En la parroquia de San Ramón (Vallecas), de 80.000 feligreses solo el 3,5% asistía a misa.
El odio anticlerical no era indiferencia: era consecuencia de la alianza del alto clero con los ricos y el ejército. La quema de conventos en 1834, 1835 y después en 1931 (más de 200 edificios religiosos destruidos) fue la expresión de esa cólera revolucionaria.
Tras el fracaso de las asociaciones católicas obreras, la Iglesia hizo su elección: se puso del lado de los ricos. Los terratenientes y empresarios aportaban el dinero y, a cambio, la Iglesia garantizaba el orden social. El pacto era inviable: las clases trabajadoras se volcaron hacia anarquistas y socialistas.
Solo en el norte (Navarra, País Vasco) la distancia entre clases era menos radical y el catolicismo se mantuvo. El año 1912 señala el fin de la larga lucha entre la Iglesia y los partidos liberales. La jerarquía eclesiástica había optado por la reacción y la fuerza, condenando a España a una fractura que estallaría con toda crudeza en 1936.
La guerra civil (1936-1939) vino a mostrar hasta qué extremos trágicos podía llegar esta pugna. El odio acumulado durante décadas de intransigencia clerical condujo a la quema sistemática de iglesias, al asesinato de miles de religiosos. Por otro lado, el bando nacional se presentó como cruzada católica, vinculando aún más la identidad religiosa con el autoritarismo franquista.
La incapacidad de la jerarquía para encauzar el cambio democrático, su defensa de privilegios anacrónicos y su alianza con las élites más retrógradas alimentaron un anticlericalismo violento. El conflicto entre las dos Españas, fraguado durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvo en la cuestión religiosa su trinchera más profunda e inexpugnable.
Basado en: Ramos-Oliveira, "Historia de España" (1950) y Gerald Brenan, "El laberinto español" (1962).