La Iglesia Española en el siglo XIX

Cuando la invasión napoleónica desquició la monarquía española, la Iglesia vio una oportunidad única. No se limitó a defenderse de los liberales, sino que aspiró a gobernar, para instaurar una teocracia sobre los restos del Estado. Las Juntas locales y provinciales quedaron nutridamente representadas por el clero; hubo obispos que se autoproclamaron regentes soberanos, como el de Santander, que exigió tratamiento de Alteza. La institución eclesiástica dictaba decretos, capitaneaba guerrillas y daba el tono ideológico contra los franceses.

Mientras liberales y ultramontanos luchaban por el poder, ambos coincidían en coartar la soberanía real: unos en nombre del pueblo, los otros fundando su derecho en el señorío social de la Iglesia. Así nació la colisión entre el poder espiritual y la corona, y también el conflicto entre constitucionalistas y absolutistas.

En 1808 España contaba con 3.100 conventos, 57.000 religiosos varones, 24.000 religiosas y 75.000 clérigos seculares: aproximadamente 156.000 personas consagradas a la religión. Por cada 70 habitantes había un eclesiástico (frente a 1 cada 280 en Francia). La propiedad territorial de la Iglesia superaba 1.300.000 hectáreas, con rentas anuales de 600 millones de reales por propiedades urbanas y rústicas, más 324 millones por diezmos y primicias, y 118 millones por conceptos parroquiales. El poderío económico duplicaba al de la propia corona.

Esta formidable base material, unida a la jurisdicción eclesiástica que invadía asuntos civiles, convertía a la Iglesia en el actor social más poderoso. Cuando la nobleza perdió prestigio tras la guerra, la Iglesia reclamó la confirmación oficial de su hegemonía fáctica.

A pesar de su poder económico, la Iglesia española del siglo XIX padecía una alarmante decadencia intelectual. Menéndez Pelayo comprueba que en todo el primer tercio del siglo no se publicó en España un solo tratado de Teología pura. Faltaban figuras como Vázquez Menchaca, Francisco Suárez o Laínez. Los grandes talentos católicos —con la excepción de algunos rebeldes— se centraban en conservar el poder material de la Iglesia. Surgió Balmes, pero su obra miraba al orden social y la propiedad privada; más tarde Donoso Cortés, converso del liberalismo, fue aclamado por su carácter reaccionario, no por su profundidad teológica.

“Si no fuese el catolicismo divino —comentaba don Juan Valera— vendría a tierra y se hundiría para siempre con pocos defensores que tuviese como el marqués de Valdegamas.”

En el momento más transcendental para la nación, la Iglesia era rica en bienes pero pobre en luces. Cuando poseyó inteligencia supo reformarse (Cisneros, Santa Teresa); ahora, en cambio, no supo encauzar las transformaciones necesarias y se enfrentó al cambio histórico con represión en lugar de diálogo.

Fernando VII necesitaba a la Iglesia para sostener su absolutismo. Nombró a su confesor, el padre Víctor Sáez, ministro universal, y los jesuitas regresaron del exilio. Sin embargo, la Iglesia no se conformó con ser aliada: quería gobernar. Fernando era un soberano imperativo, no un rey dócil como Carlos II. Reprimió con saña a los liberales —ciento veinte ejecutados en dieciocho días tras la restauración de 1823— pero eso no bastaba a las jerarquías eclesiásticas.

La Iglesia ansiaba todo el poder para sí, y como Fernando no se lo entregaba, fraguó una alternativa dinástica: el carlismo. La causa de don Carlos María Isidro fue la bandera teocrática que permitiría a la Iglesia suplantar a la corona.

Para la Iglesia, Fernando VII era un obstáculo. Su carácter personalista y su deseo de concentrar el poder impedían la anhelada teocracia. Así, el clero impulsó la causa del infante don Carlos, que prometía restaurar el trono bajo tutela eclesiástica. Nació el carlismo como movimiento político-religioso que defendería el altar, el trono y los fueros, pero cuyo origen inmediato fue la ambición de la jerarquía por sustituir al rey.

“La Iglesia inventó el carlismo” cuando comprendió que Fernando no se plegaba a ser cabeza sumisa de un gobierno clerical. De ahí las guerras civiles que asolarían España durante el siglo XIX, enfrentando a liberales isabelinos y carlistas tradicionalistas.

El clero se implicó directamente en la represión policial y militar contra los liberales. Pronto, el pueblo comenzó a retirar su adhesión a una institución que predicaba violencia política. La ignorancia y la codicia de muchos eclesiásticos los convirtieron en pésimos gobernantes, y el inevitable conflicto entre su poder social y su incapacidad administrativa aceleró la pérdida de respeto.

En 1834 se produjo en Madrid la primera matanza de frailes; al año siguiente, Barcelona, Zaragoza, Reus y Murcia vieron arder sus conventos. El odio anticlerical se extendió como reacción a la alianza entre el altar y el absolutismo más represivo.

La Iglesia no supo realizar las reformas que España necesitaba; su alianza con el absolutismo más feroz la convirtió en blanco del liberalismo exaltado. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madooz despojaron a la institución de gran parte de sus bienes, transformando la propiedad de la tierra y debilitando su poder económico.

El conflicto entre Iglesia y Estado se prolongó durante todo el siglo XIX y parte del XX, generando una fractura social profunda. La incapacidad de la jerarquía para encauzar el cambio democrático y la defensa de privilegios anacrónicos alimentaron el anticlericalismo y la violencia. El legado de esta época aún pesa en la memoria histórica española.