La Iglesia Española en el siglo XX

Los siete años siguientes a la Semana Trágica representaron una pausa en la historia de España. Los tumultos de Barcelona en 1909 y la caída del gobierno de Maura aliviaron momentáneamente la tensión que, desde 1906, venía acumulándose. Los anarquistas se ocupaban de organizar la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), imitando a la CGT francesa. Los nacionalistas catalanes, asustados por los desmanes, permanecían quietos. El frente unido de Solidaridad Catalana se había dividido a causa de la cuestión religiosa, demostrando que la táctica gubernamental había dado frutos. La Lliga, aunque con menos entusiasmo, volvió a ser la única representación seria de las ambiciones catalanas.

Se apaciguó a Cataluña con aranceles que le daban el monopolio del mercado interior y una moderada ley de descentralización (mancomunidades), aprobada por decreto en 1913. El rey Alfonso XIII, advertido en los funerales de Eduardo VII del peligro de la reacción, se proclamó liberal y coqueteó incluso con republicanos. Durante varios años, conservadores y liberales se turnaron apaciblemente; en las grandes ciudades comenzaba a formarse una opinión pública que daba señales de vida en las elecciones.

A partir de 1900, la lucha contra la Iglesia se agudizó. Durante los últimos veinticinco años, la Iglesia había aumentado sus recursos financieros y su poder. Las órdenes monásticas y los jesuitas eran más numerosos y disciplinados que nunca, y sus cajas estaban repletas. Tras la muerte de Cánovas, que siempre la mantuvo apartada de la política, el partido clerical de Maura parecía ofrecerle la ocasión de dar un paso decisivo hacia el poder. Las fuerzas del anticlericalismo también se fortalecieron, inspiradas por el triunfo del laicismo en Francia y la separación de Iglesia y Estado.

El primer choque se produjo en enero de 1901 con la representación de Electra de Galdós. El Padre Montaña, ayo y confesor del rey niño, había publicado un artículo afirmando que el liberalismo era pecado. La obra polarizó la opinión pública. Los puntos principales a debatir eran la limitación de órdenes religiosas, la tolerancia de otros cultos y el control de la educación. Pero los liberales apenas pudieron mantener lo ya conseguido. Entre 1910 y 1912 fracasaron los intentos de obligar a las órdenes a someterse al concordato de 1851. El único avance fue permitir a las iglesias protestantes erigir una cruz sobre sus edificios, no sin violentas protestas episcopales.

“Los anarquistas han destruido muchas iglesias, pero el clero había destruido antes la Iglesia”
— José Castillejo.

Los jesuitas dirigían el movimiento clerical. Su política —dictada por su fundador— consistía en ganarse a los ricos y poderosos. España ofrecía un campo prometedor para invertir los fondos de la Compañía. En 1912, según Joaquín Aguilera, los jesuitas controlaban sin exageración un tercio de la riqueza capitalizada de España: poseían ferrocarriles, minas, fábricas, bancos, compañías navieras y plantaciones de naranjos. Se rumoreaba que controlaban los cabarets más florecientes y el comercio de pescado fresco en Madrid. Su capital operativo se calculaba en 60 millones de libras esterlinas.

No era censurable que los jesuitas fueran ricos para atender a sus colegios y misiones, pero resultaba incompatible con el interés nacional que un sector militante controlase una parte tan importante de la vida industrial. A cambio de los legados y limosnas, la Iglesia debía defender los intereses de los ricos contra los pobres. El refrán español “el dinero es muy católico” ocultaba una relación indecente entre ciertas órdenes y las clases adineradas.

Hasta 1836 la enseñanza había estado casi enteramente en manos del alto clero. Tras la revolución liberal, las órdenes religiosas dirigieron su atención a los colegios de segunda enseñanza. Los colegios de jesuitas y agustinos llegaron a ser lo que las public schools inglesas, aunque muchos recordaban con amargura los castigos corporales, el espionaje y la domesticación. “Los jesuitas no educan, domestican”, escribía el conde de la Moriera.

En educación primaria, la Iglesia lograba que las escuelas del Estado cerraran por falta de fondos. De ahí el dicho “tener más hambre que un maestro de escuela”. Hasta 1910, los maestros eran católicos sinceros, pero los frailes enseñaban en sus escuelas que el liberalismo era pecado gravísimo contra la fe. Un catecismo de 1927 declaraba herético creer en la libertad de conciencia, educación o reunión. La Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876) representó la excepción culta frente a este oscurantismo.

“Lejos de nosotros la funesta manía de pensar” — Universidad de Cervera a Fernando VII.

Hacia 1931, el proceso de descatolización alcanzaba proporciones extraordinarias. Según el padre Francisco Peiró, solo el 5% de los campesinos de Castilla la Nueva iba a misa; en Andalucía, la asistencia masculina era del 1%. En la parroquia de San Ramón (Vallecas), de 80.000 feligreses solo el 3,5% asistía a misa, y el 25% de los niños no estaban bautizados. Entre los educados en colegios religiosos, el 90% abandonaba la práctica al salir de la escuela. Barcelona y Valencia eran aún más irreligiosas.

El odio anticlerical no era indiferencia: era consecuencia de la alianza del alto clero con los ricos y el ejército. La Iglesia prefirió respaldarse en la autoridad del Estado en lugar de ganarse a los trabajadores con reformas sociales. Detrás de cada acto represivo aparecía un obispo aprobando. Los españoles cultos vieron en la Iglesia al enemigo de la cultura europea; las clases trabajadoras, una barrera a sus esperanzas. La quema de conventos en 1834, 1835 y después en 1931 fue la expresión de esa cólera revolucionaria.

Tras el fracaso de las asociaciones católicas obreras (los patronos las usaban para romper huelgas), la Iglesia hizo su elección: se puso del lado de los ricos. Los terratenientes y empresarios aportaban el dinero y, a cambio, la Iglesia garantizaba el orden social. El pacto era inviable: las clases trabajadoras se volcaron hacia anarquistas y socialistas. Solo en el norte (Navarra, País Vasco) la distancia entre clases era menos radical y el catolicismo se mantuvo.

La Iglesia mantuvo estrechas relaciones con el ejército y la corona. El año 1912 señala el fin de la larga lucha entre la Iglesia y los partidos liberales. La jerarquía eclesiástica había optado por la reacción y la fuerza, condenando a España a una fractura que estallaría con toda crudeza en 1936.

La guerra civil (1936-1939) vino a mostrar hasta qué extremos trágicos podía llegar esta pugna. El odio acumulado durante décadas de intransigencia clerical, alianza con la reacción y abandono de los pobres, condujo a la quema sistemática de iglesias, al asesinato de miles de religiosos y a una persecución religiosa sin precedentes en la historia de España. Por otro lado, el bando nacional se presentó como cruzada católica, vinculando aún más la identidad religiosa con el autoritarismo.

El legado de esta época aún pesa en la memoria histórica española. La incapacidad de la jerarquía para encauzar el cambio democrático, su defensa de privilegios anacrónicos y su alianza con las élites más retrógradas alimentaron un anticlericalismo violento del que la Iglesia tarda décadas en recuperarse. Como sentenció Brenan: “La acción de la Iglesia ha sido predominantemente política y, al escoger a sus aliados entre las clases más ricas, se ha atraído la hostilidad de todos los elementos honrados y progresivos del país”.