La Revolución Francesa

Cuando los Estados Generales se abrieron en Versalles, el 5 de mayo de 1789, tres concepciones políticas se enfrentaban: el absolutismo monárquico (rey Luis XVI), que deseaba abolir progresivamente los privilegios para concentrar todos los poderes en sus manos; las clases privilegiadas (nobleza y alto clero), que pretendían imponer a la monarquía el respeto a las leyes fundamentales del Reino; y la oposición liberal (el tercer estado), que reclamaba la igualdad civil y un régimen representativo basado en la soberanía de la nación. La lucha se entabló principalmente entre el tercer estado y los privilegiados. El tercer estado exigía que los tres órdenes celebrasen sus reuniones conjuntamente y que el voto fuese por cabeza, mientras que los aristócratas defendían la división tradicional.

Después de seis semanas de estériles discusiones, el tercer estado hizo caso omiso de la oposición de la nobleza y del clero. El 17 de junio de 1789, afirmándose como único representante de la nación, se erigió en Asamblea Nacional. Sus miembros prestaron juramento de no separarse hasta después de haber establecido una Constitución para el reino (Juramento del Juego de Pelota, 20 de junio). El clero —en cuyo seno las ideas liberales estaban ampliamente representadas— decidió por gran mayoría adherirse a la Asamblea Nacional. Ante esta amenaza al absolutismo, el rey reaccionó y el 23 de junio ordenó la separación de los órdenes, pero el tercer estado se negó a obedecer. Luis XVI, advertido de su actitud, se limitó a decir: "¡Bien, que se queden!". El absolutismo se confesaba vencido.

El 27 de junio, el rey ordenó al clero y a la nobleza unirse al tercer estado. La revolución liberal se había realizado. La unión de los tres órdenes en una misma Asamblea Nacional anunciaba el advenimiento de la igualdad civil, y el rey, al sancionar la misión de dotar a Francia de una Constitución, cedía a los representantes de la nación el poder legislativo. El 9 de julio, la Asamblea Nacional se erigió en Asamblea Constituyente. Sin embargo, el rey, influido por la corte, destituyó al ministro Necker (partidario de las reformas) y concentró tropas en los arrabales de París. La respuesta popular fue inmediata: el 14 de julio de 1789, el pueblo de París asaltó la Bastilla, símbolo del absolutismo. El gobernador de la fortaleza fue asesinado y la revolución se extendió por toda Francia. Luis XVI, para evitar una guerra civil, reconoció los hechos, retiró las tropas y repuso a Necker. El 17 de julio, el rey se trasladó a París, donde fue recibido por el nuevo ayuntamiento y por la Guardia Nacional comandada por La Fayette. La escarapela tricolor (blanca del rey, roja y azul de París) fue enarbolada por vez primera.

Al igual que había hecho el Congreso americano en 1776, la Constituyente decidió hacer preceder la Constitución de una declaración de principios universales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada el 26 de agosto de 1789, comienza con un preámbulo que señala: "Los representantes del pueblo francés... considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas... han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre". Los principales artículos proclaman: los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos; la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión son derechos naturales; toda soberanía reside esencialmente en la nación; la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro; la ley es expresión de la voluntad general; todos los ciudadanos son iguales ante la ley; nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida con anterioridad; todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente; los impuestos deben repartirse equitativamente según las posibilidades; y la propiedad es un derecho inviolable y sagrado.

Sin embargo, la alegría inicial dio paso a nuevas tensiones. La escasez de pan y la agitación popular llevaron a las jornadas de octubre de 1789. El 5 de octubre, miles de mujeres marcharon sobre Versalles exigiendo pan. Forzaron al rey a ratificar los decretos del 4 de agosto (abolición de los privilegios feudales) y a trasladarse a París, instalándose en el palacio de las Tullerías. La Asamblea Constituyente le siguió. A partir de entonces, la calle y los clubs (Jacobinos, Cordeliers) comenzaron a ejercer una presión creciente sobre la vida política. Surgieron periódicos radicales como L'Ami du peuple de Marat y Les Révolutions de Paris. La revolución entraba en una fase más turbulenta.

La cuestión más difícil que afrontó la Constituyente fue la de las relaciones entre Iglesia y Estado. De acuerdo con los Derechos del Hombre, se proclamó la libertad de cultos, se admitió a protestantes y judíos en pie de igualdad con los católicos, pero se conservó para el culto católico el carácter de culto nacional. Fiel a los principios centralizadores, la Asamblea quiso hacer de la Iglesia una rama de la administración, imitando la política de Luis XIV y José II de Austria. El 12 de julio de 1790 se votó la Constitución Civil del Clero: se suprimieron las antiguas diócesis (arzobispados y obispados) y se crearon 83 obispados, uno por departamento; los obispos y párrocos serían elegidos por los electores civiles (incluyendo no católicos); se suprimió la investidura canónica; se prohibieron las congregaciones religiosas y los votos monásticos; y se impuso a todo el clero un juramento de fidelidad a la Constitución.

El papa Pío VI, en breves de marzo y abril de 1791, condenó la Constitución Civil del Clero como cismática. Ello colocó a Luis XVI ante un terrible dilema: o aplicaba una ley condenada por el pontífice (traicionando su conciencia religiosa) o renegaba del juramento constitucional. El rey, tras dudar, eligió la resistencia pasiva e intentó huir de París en junio de 1791 (fuga de Varennes), siendo detenido y conducido de vuelta a la capital. El clero se dividió: los juramentados (constitucionales) aceptaron la nueva ley; los refractarios la rechazaron y fueron perseguidos. Esta división religiosa envenenó la vida política francesa durante años y radicalizó a los sectores populares contra la Iglesia, allanando el camino para la descristianización de 1793-1794.

La crisis financiera agravó la situación: los bienes del clero, valorados en 3.000 millones de libras, fueron puestos a disposición del Estado. La Asamblea emitió asignados (billetes respaldados por dichos bienes), que se depreciaron rápidamente, generando inflación y malestar social.

La Constitución de 1791 fue jurada por Luis XVI el 14 de septiembre de 1791, y al día siguiente se disolvió la Asamblea Constituyente. En un gesto de desinterés (que luego se revelaría desastroso), los constituyentes se autoexcluyeron de la nueva Asamblea Legislativa. Esta quedó compuesta por hombres nuevos, jóvenes (la mayoría menores de treinta años) y sin experiencia. Se formaron tres tendencias: los feuillants (moderados, monárquicos constitucionales, 264 escaños), los girondinos (republicanos liberales, 136 escaños) y los jacobinos (radicales, liderados por Robespierre, que no era diputado pero influía desde el club). El centro, amorfo, agrupaba a 345 independientes.

La situación era crítica: crisis financiera (el asignado había perdido el 40% de su valor), crisis religiosa (sacerdotes refractarios perseguidos), emigración masiva de aristócratas y amenaza de intervención extranjera. Los príncipes alemanes con posesiones en Alsacia reclamaban indemnizaciones ante la Dieta del Imperio. El 20 de abril de 1792, bajo la presión de los girondinos y de la corte (que esperaba que una guerra perdida restaurara el absolutismo), la Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria. El rey, aunque hostil a la persecución religiosa, aceptó la guerra para recuperar popularidad. Comenzaba un conflicto que duraría 23 años.

Los primeros combates fueron desastrosos para Francia. Los ejércitos austro-prusianos invadieron el territorio francés. La propaganda realista y la traición atribuida a los oficiales aristócratas exacerbaron la desconfianza popular. El 11 de julio de 1792, la Asamblea declaró "la patria en peligro". Los voluntarios llegaron a París desde todas las provincias. La tensión culminó el 10 de agosto de 1792: la Comuna insurreccional de París (dominada por jacobinos y cordeliers) asaltó las Tullerías, masacró a los guardias suizos y obligó a la Asamblea a suspender al rey y convocar una Convención Nacional elegida por sufragio universal. La monarquía constitucional había muerto.

La Convención Nacional se reunió el 20 de septiembre de 1792, el mismo día de la victoria francesa en Valmy (cañoneo de Kellermann contra los prusianos, que se retiraron). Al día siguiente, 21 de septiembre, la Convención abolió la monarquía y proclamó la República (año I de la República, iniciado el 22 de septiembre). Los diputados se dividieron en tres bloques: la Montaña (jacobinos radicales: Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just), la Gironda (republicanos liberales: Brissot, Vergniaud, Roland) y la Llanura o Marais (centro indeciso, que acabó plegándose a la Montaña).

El proceso contra Luis XVI fue el primer gran enfrentamiento. Los girondinos querían un juicio con apelación al pueblo; los montañeses exigían la muerte inmediata sin apelación. Finalmente, la Convención se declaró competente para juzgar al rey. El 16 de enero de 1793, la votación nominal fue dramática: 361 votos a favor de la muerte sin condiciones, 360 en contra (incluyendo los que pedían indulto o prisión). Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793 en la plaza de la Revolución (actual plaza de la Concordia). Su muerte conmocionó a Europa y radicalizó la Revolución.

La ejecución del rey precipitó la formación de la Primera Coalición (Inglaterra, Holanda, España, Cerdeña, Nápoles, Austria y Prusia). En el interior, estalló la insurrección de la Vendée (marzo de 1793), una revuelta campesina y monárquica contra el reclutamiento militar y la persecución religiosa. Para hacer frente a la crisis, la Convención creó el Comité de Salud Pública (abril de 1793) y el Tribunal Revolucionario (marzo de 1793). El 2 de junio de 1793, la Montaña, apoyada por la Comuna de París, detuvo a 29 diputados girondinos. Comenzaba la dictadura jacobina.

El 5 de septiembre de 1793, la Convención declaró oficialmente que "el Terror debe ser el orden del día". Se adoptaron leyes draconianas: la Ley de Sospechosos (17 de septiembre de 1793) autorizaba la detención de cualquier persona que, por su conducta, relaciones o palabras, se mostrara partidaria de la tiranía o enemiga de la libertad. Se crearon comités de vigilancia en cada comuna. El Tribunal Revolucionario de París recibió el poder de juzgar sin apelación y con pruebas morales. En apenas diez meses (octubre de 1793 a julio de 1794), el Terror causó cerca de 17.000 ejecuciones formales (guillotina) en toda Francia, y un número incalculable de muertes sumarias en las guerras civiles (Vendée, Lyon, Tolón). Solo en Nantes, las "noiades" (ahogamientos masivos en el Loira) mataron a más de 3.000 personas.

Robespierre, miembro destacado del Comité de Salud Pública (elegido el 27 de julio de 1793), impuso su autoridad. Eliminó primero a los hebertistas (ultrarrevolucionarios ateos, marzo de 1794) y luego a los dantonistas (indulgentes que pedían moderación, abril de 1794). Se quedó como dueño absoluto de la dictadura. El 10 de junio de 1794 (22 prairial del año II) se promulgó la ley que suprimía la defensa de los acusados y limitaba las penas a la muerte. Comenzó el Gran Terror: en París, de junio a julio de 1794, se ejecutó a 1.376 personas, una media de 36 diarias. Robespierre también instituyó el culto al Ser Supremo (7 de mayo de 1794), una religión cívica destinada a sustituir al catolicismo. Sin embargo, la Convención, temiendo por su propia vida, se unió contra él. El 9 de termidor (27 de julio de 1794), Robespierre y sus partidarios fueron arrestados y guillotinados al día siguiente. El Terror terminó.

La reacción termidoriana desmanteló el aparato jacobino: cerró el Club de los Jacobinos, liberó a miles de sospechosos, abolió el Tribunal Revolucionario y derogó la ley de sospechosos. Se inició un retorno al liberalismo económico y político.

La Constitución del Año III (22 de agosto de 1795) restableció el sufragio censitario (solo los propietarios podían votar), un parlamento bicameral (Consejo de los Quinientos y Consejo de los Ancianos) y un poder ejecutivo colegiado de cinco directores. La nueva Constitución separó la Iglesia del Estado, garantizó la libertad de cultos y consolidó la propiedad privada. Francia se estabilizó, pero el Directorio (1795-1799) fue un régimen débil, corrupto y sometido a la presión de los generales victoriosos.

En Italia, el joven general Napoleón Bonaparte, al mando del Ejército de Italia (1796-1797), logró una serie de victorias fulminantes sobre los austríacos y los sardos: Montenotte, Millesimo, Lodi (10 de mayo de 1796), Arcole (15-17 de noviembre de 1796) y Rivoli (14-15 de enero de 1797). Forzó a Austria a firmar la paz de Campoformio (17 de octubre de 1797), por la que Francia anexionaba Bélgica y la orilla izquierda del Rin, y creaba la República Cisalpina (norte de Italia) como estado satélite. Bonaparte envió al Directorio millones de francos en expolios y obras de arte. Su popularidad era inmensa, y comenzó a tratar con el gobierno de poder a poder.

El Directorio se mantuvo mediante golpes de Estado: el 18 de fructidor (4 de septiembre de 1797) contra los monárquicos, y el 22 de floreal (11 de mayo de 1798) contra los jacobinos. La corrupción era generalizada; los asignados habían sido sustituidos por los mandatos territoriales, que también se hundieron. En 1799, la formación de la Segunda Coalición (Rusia, Austria, Inglaterra, Turquía, Nápoles) infligió graves derrotas a los ejércitos franceses en Italia y Suiza. El Directorio, desacreditado, buscó la espada de Bonaparte.

Bonaparte regresó de Egipto en octubre de 1799, dejando a su ejército abandonado, pero fue recibido como un héroe. La opinión pública estaba harta de la inestabilidad, la corrupción y la guerra. Con la complicidad de dos directores (Sieyès y Ducos) y de su hermano Luciano (presidente del Consejo de los Quinientos), organizó un golpe de Estado. El 18 de brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), las tropas al mando de Bonaparte rodearon las asambleas. El Consejo de los Ancianos, intimidado, aprobó trasladar las sesiones a Saint-Cloud. Al día siguiente, 10 de noviembre, Bonaparte se presentó ante el Consejo de los Quinientos; los diputados le recibieron con gritos de "¡Fuera el dictador!" y algunos intentaron agredirle. Bonaparte ordenó a sus granaderos (al mando de Murat) desalojar la sala. Los diputados huyeron. Por la noche, una minoría de legisladores (unos cincuenta) votó la abolición del Directorio y la creación de un Consulado provisional con Bonaparte, Sieyès y Ducos como cónsules.

Poco después se redactó la Constitución del año VIII (13 de diciembre de 1799), que establecía un poder ejecutivo concentrado en manos del Primer Cónsul, Napoleón Bonaparte. El sufragio universal fue restaurado, pero las elecciones eran meramente consultivas (listas de notables). Nacía el Consulado, que pronto derivaría en el Imperio. La Revolución, iniciada en 1789 bajo los principios de libertad e igualdad, terminaba con un gobierno autoritario y militar.

"Al romper con la monarquía constitucional, la Revolución hizo imposible el régimen de soberanía nacional. Democrática, fue arrollada por los movimientos callejeros; liberal, fue derribada por su propio ejército victorioso. La dictadura militar iba a estabilizar la revolución con un autoritarismo más rígido que el de la monarquía absoluta." — Jacques Pirenne

Desde la reunión de los Estados Generales (1789) hasta el golpe de Estado de Napoleón (1799), la Revolución Francesa transitó por tres fases sucesivas: una fase liberal y monárquica (1789-1792), que fracasó por la intransigencia de la corte y la presión popular; una fase democrática y terrorista (1793-1794), que sacrificó las libertades individuales en nombre de la virtud y la igualdad; y una fase directorial (1795-1799), que intentó un retorno al liberalismo pero fue devorada por la corrupción y la dependencia de los generales. El balance de Pirenne es amargo: la Revolución no logró establecer un régimen de soberanía nacional estable porque careció de un poder ejecutivo tradicional y respetado. La caída de la monarquía constitucional abrió la puerta a la dictadura callejera primero (jacobinos) y a la dictadura militar después (Bonaparte).

Sin embargo, la Revolución transformó profundamente Francia y Europa: abolió los privilegios feudales, proclamó la igualdad civil, extendió la propiedad campesina, estableció el código civil (más tarde Napoleónico), separó la Iglesia del Estado y difundió las ideas de soberanía nacional y derechos humanos. El legado de 1789 —libertad, igualdad, fraternidad— siguió siendo una referencia central para los movimientos democráticos del siglo XIX y XX. Pirenne concluye que la obra constructiva de la Revolución fue inmensa, pero que su fracaso político —la incapacidad para crear un gobierno estable y legítimo— condujo inevitablemente al autoritarismo napoleónico.

Fuente: PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 9-118. Edición ampliada y adaptada al formato digital. Incluye análisis contextuales, cronología ampliada y referencias a la historiografía moderna.